Hechos dados:
1. México tiene una industria farmacéutica de clase mundial; creativa, resiliente, poderosa en el ambiente internacional y diseñada -como todo en este país- para atender con mira láser la demanda de Estados Unidos, el mercado más importante del planeta.
2. Esa industria debe ser ilegal para cumplir con los requisitos administrativos del país receptor. Así, es sujeto de impuestos y regulaciones especiales para su ramo.
3. No por ello el Estado Mexicano renuncia a su deber de regularlo, ¡Faltaba más! Más lo hace también por fuera de los libros, para evitar la ira de quienes aman los aranceles tontos y los misiles inteligentes.
¿Y esto cómo funciona?
De facto, la producción y distribución de sustancias psicoactivas ilegales, las enlistadas en la ley general de salud (¡DOROoOoGAS!, como dicen los presentadores de noticias), es un monopolio del Estado. Éste delega a las instituciones de seguridad, principalmente Ejército y Marina, el control de ese monopolio bajo un pacto de impunidad y secrecía. A su vez, ellos otorgan licencias de producción y de distribución a privados: los “cárteles”. Las licencias no son un todo vale; Definen muy bien áreas de acción, métodos de producción e incluso rutas de distribución. Tampoco son escritas ni están sancionadas por otros poderes, pero no por ello dejan de existir, así como un acuerdo de trabajo no debe estar plasmado en un papel para que sea vinculante para ambas partes.
Quienes poseen licencias de operación gozan de protección de las fuerzas de seguridad y cierta tolerancia por parte de la justicia local para el correcto desarrollo de actividades criminales; uno o dos muertos son parte del precio que hay que pagar para tener una pujante industria farmacéutica ilegal lista para atender las exigencias del mercado estadounidense.
La violencia de los cárteles es análoga a un proceso de licitación, de la que el Estado abre convocatoria permanente. Así los aspirantes miden su valía, sus capacidades y su experiencia en el negocio: todo a través de un literal enfrentamiento de propuestas. No deja de ser ilegal, pero no deja de ser verdadero. En el caso de que una de las partes se inconforme, da salida a las reclamaciones de manera territorial; ataca las rutas de distribución, moviliza a la prensa, “calienta la plaza” y hace lo que sea necesario para que, por cálculo político y económico, le sea entregado el beneplácito de las autoridades y se le transfiera la licencia paraoficial.
También existe la posibilidad de que organizaciones decidan operar sin licencia; la demanda es demasiado grande y esperar al fallo de las autoridades es dejar dinero sobre la mesa. También pueden considerar que la licencia tiene costos demasiado altos (en forma de mordidas, tajadas, diezmos y costos operativos de negociación con las fuerzas armadas) y vayan por la libre. En el capitalismo más vale grandes ganancias y vidas cortas que desperdiciar la juventud frente a una ventanilla, armada hasta los dientes, cuya falta de regulación la hace confusa, turbia y mortal.
La “guerra contra el narco” es consecuencia de una gestión de licencias tan ineficiente y poco transparente que los interesados prefieren levantarse en armas a levantarse por un turno. La falta de rendición de cuentas en la industria permitió que ciertos administradores del ejército dejaran crecer una inconformidad apabullante con el sistema. Ahora hay que volverlos a meter en cintura, pero con cuidado y a la vez con fuerza letal, no nos vayan a dejar en ridículo con declaraciones incómodas. Ante la duda mejor disparar, uno nunca sabe si el objetivo era sólo un chofer o un contador con pruebas incriminatorias contra nosotros. ¡O peor aún, periodistas con ganas de exhibirnos!
¿Y qué hacemos al respecto?
El mercado no desaparecerá; 340 millones de estadounidenses reclaman sus drogas, cada vez más potentes, cada mañana. La industria que los atiende tampoco, pues es una de las más rentables del planeta. Ni la producción ni la distribución ni el consumo pueden borrarse de un plumazo.
Modernizar los procesos y las normas, eficientar los trámites, transparentar los criterios; en resumen regular mejor, podría cambiar por completo la cara de la industria. Pero para ello quienes hoy cobran los impuestos deben estar dispuestos a cobrar menos y eso se antoja difícil, sobre todo cuando tienen el poder de las armas ¿verdad?
